UNA APROXIMACIÓN DE LA PROTECCION SOCIAL DEL TRABAJADOR DE LA ECONOMIA SOCIAL EN EL CARIBE HISPANOP

1. Contexto General

La protección social es sin lugar a dudas un concepto plurisémico, tradicionalmente asociado a la seguridad social y por tanto sometido a las particularidades y diversidad de regímenes que la caracterizan. El concepto de protección social es más integral y complejo, involucra además de la seguridad social, la seguridad política, la seguridad económica, la seguridad jurídica y la seguridad cultural, categorías fundamentales en su constitución, que en conjunto conforman el sistema de garantías y derechos que tienen los ciudadanos de un país o región para lograr condiciones mínimas de bienestar social y calidad de vida.

Esta tendencia a asumir como sinónimos protección social y seguridad social ha generado una visión fraccionada de la protección social de los sujetos individuales y colectivos en nuestros países, que distorsiona la ejecución de políticas públicas y privadas para garantizar la protección de los ciudadanos frente a los diferentes estados de necesidad a los que están expuestos en el desarrollo de sus diversas actividades sociales, económicas y políticas y asegurarles condiciones dignas y justas de convivencia y existencia.

Los programas de protección social que hacen énfasis en la seguridad social han respondido a criterios tradicionales de ejecución de políticas públicas como el seguro social y la asistencia social, que excluyen a grandes sectores sociales dejando poco espacio para el desarrollo de las garantías y los derechos políticos, jurídicos, económicos y culturales que constituyen la base fundamental en el desarrollo de una auténtica política de protección social. El resultado de esta concepción es la exclusión y la indefensión social de la mayoría de los ciudadanos de nuestros países incluidos trabajadores de la economía social.

El estudio de la Protección Social en el Caribe Hispanoparlante constituye un debate ineludible e impostergable dada la fragilidad en que se encuentran sus diferentes componentes en la subregión y su impacto sobre su población.

El concepto de Caribe Hispanoparlante se desarrolló desde comienzos del Siglo XX y está vinculado en América latina a la política expansionista norteamericana y su geo-política de dominación. John Guillin (1950), describe un Caribe Hispano - latinoamericano y un Caribe Africano, el primero involucra las llamadas “Antillas Hispanas” y el segundo a los territorios coloniales británicos, franceses incluyendo a Haití.

Andrés Sebini (1998), clasifica la subregión en cuatro áreas asociadas a las características lingüísticas de sus poblaciones:

1. Caribe Angloparlante que incluye Belice y Guyana

2. Caribe Hispanoparlante, integrado por Cuba, Puerto Rico, República Dominicana, Colombia, Venezuela y Centro América.

3. Caribe Francófono, que involucra a Martinica, Guadalupe, Haití y Guyana Francesa

4. Caribe Holandés, conformado por Aruba, Antillas Neerlandesas y Surinam

A los efectos de este trabajo asumiremos esta clasificación de Caribe Hispanoparlante agregándole a México para conformar un concepto ampliado de subregión caribeña, tanto desde el punto de vista demográfico como de su importancia económica y política.

En el Caribe hispanoparlante el desarrollo de la protección social ha sido fragmentada y desigual en los diferentes países. Fragmentada porque su implementación no ha incluido la totalidad de sus componentes, no ha sido abordada en forma integral generando que en algunos de sus elementos se haya avanzado significativamente y en otros prácticamente no exista ningún tipo de iniciativa. Desigual porque a pesar de la identidad geográfica y cultural que caracteriza la subregión es muy débil el desarrollo de políticas comunes para afrontar los nudos críticos que existen en materia de protección social. El resultado de esta realidad arroja grandes desequilibrios en el alcance de las políticas de protección social con sectores privilegiados que gozan de mayores garantías que otros acentuando la brecha entre ciudadanos de primera, segunda y tercera categoría.

Estos desequilibrios de la sociedad caribeña tienen su origen en la propia estructura económica, social y política que la ha caracterizado históricamente:

• En lo económico se trata de sociedades donde coexisten simultáneamente modos de producción precapitalistas y capitalistas, con un predominio del sector primario como el principal componente de su economía, por lo general monoproductores; un sector industrial con débil desarrollo y un sector terciario hipertrofiado que ocupa a mas del 70 por ciento de la PEA.

• En lo social se caracteriza por una estructura policlasista, representada por una mezcla del indio, negro, blanco, mestizo para conformar una sociedad pluri-racial que ha minimizado el desarrollo de los conflictos raciales sobre la identidad de sus ciudadanos. No obstante, esta múltiple composición racial no ha sido obstáculo para marcar diferencias en cuanto a la distribución de la riqueza y el disfrute de la calidad de vida en los diversos sectores de la sociedad caribeña, provocando grandes diferencias entre el 20% mas rico que se apropia del 80% de la riqueza regional y el 80% mas pobre que debe conformarse con el 20% restante para satisfacer sus necesidades, expresado en un cuadro de marginalidad e indefensión social cada vez más crítico en la mayoría de sus países.

• Desde el punto de vista político la sub-región se caracteriza por marcadas desigualdades en el ejercicio de los derechos y garantías políticas de sus ciudadanos. Se trata de una sociedad en su mayor parte dominada por élites políticas vinculadas a los sectores económicos mas poderosos, nacionales e internacionales, que convirtieron la estructura política al servicio de los intereses particulares y dejaron de lado a la mayor parte de la sociedad caribeña reducida prácticamente al ejercicio simbólico de la participación política en los procesos electorales.

A esta desigualdad política se asocia una marcada debilidad en las prácticas de la institucionalidad jurídica que determina ciudadanos de primera, segunda y tercera categoría frente al estamento jurídico y el incumplimiento de los compromisos internacionales para garantizar los derechos políticos de los sujetos individuales y colectivos.

Este escenario ha sido un factor determinante en la búsqueda de modelos alternativos de organización económica y social en la sociedad caribeña a lo largo de su historia, entre los que se destacan, los movimientos de la economía social.

2. La Economía Social un Modelo Alternativo de Producción Económica y Organización Social en el Caribe Hispanoparlante.

Históricamente la sociedad caribeña se ha desarrollado bajo esquemas económicos y políticos de dominación y dependencia foráneos, producto del proceso de colonización europeo en sus primeras etapas y de la influencia norteamericana en una segunda etapa que ha marcado las características de sus instituciones económicas, jurídicas y políticas.

A diferencia del Viejo Continente, la subregión se incorpora tardíamente al modo de producción capitalista, en muchos casos sin seguir los ciclos normales de su desarrollo y en otros la implantación forzosa de sus instituciones a las realidades autóctonas de sus culturas acentuando los desequilibrios sociales y la dependencia económica que la ha marcado en los últimos 500 años.

Desde el punto de vista político la sociedad caribeña busca a principios del Siglo XVIII la ruptura de casi 300 años de dominación euro-céntrica sobre las cuales se levantó la institucionalidad jurídica y política de sus países redefiniendo el rol de los nuevos actores y sus relaciones con Europa al mismo tiempo que se construye el nuevo esquema de garantías y derechos ciudadanos que privilegia las nuevas élites surgidas de los movimientos emancipadores y relega a un segundo plano a la mayoría de su población.

En el orden económico es importante señalar que en el Caribe Hispano existían experiencias autóctonas de producción social colectiva en las civilizaciones Aztecas, Incas, Mayas, algunas de las cuales incluso subsisten en la actualidad en las etnias de países como Colombia, Costa Rica, Guatemala, México y Venezuela.

Estas experiencias son consideradas por la mayoría de los autores latinoamericanos como las primeras expresiones de la economía social del mundo.

En la estructura económica del Caribe prevalecen las instituciones precapitalistas y capitalistas a lo largo de su historia con poco espacio para los movimientos alternativos como los de la economía social cuyas nuevas manifestaciones comienzan a aparecer en la segunda mitad del Siglo XVIII, Costa Rica la Sociedad de Beneficencia Alemana (1853), en Colombia la Sociedad Mutuaria de Caridad (1864), en México la Cooperativa Agrícola (1873), en Honduras La Sociedad de Ladinos (1876), en Puerto Rico la Cooperativa “Amigos del Bien Público “(1877), en Venezuela la Sociedad cooperativa de Ahorro y Construcción de Porlamar en 1903, entre otras experiencias, dando paso a una gran diversidad de modalidades (cooperativas, fundaciones, mutualismo, empresas públicas asociativas, etc.), bajo la premisa de constituir organizaciones sin fines de lucro, de propiedad colectiva de los medios de producción y la valoración del trabajo humano sobre el capital.

Desde el punto de vista jurídico el movimiento de la economía social en el Caribe Hispanoparlante dará pasos importantes en las primeras décadas del siglo XX con la promoción y aprobación de leyes especificas con el propósito de consolidar el sector como una alternativa de producción y organización social, así encontramos en 1910 la primera Ley de Cooperativas en Venezuela, en 1920 en Costa Rica, en 1924 en Honduras, en 1929 en Guatemala, entre otras.

El desarrollo de la economía social en el Caribe Hispanoparlante comenzará a consolidarse a partir de la década de los años 30, cuando el movimiento se redimensiona producto de la depresión económica mundial y comienza a verse como un movimiento alternativo de producción y organización social para enfrentar los nudos críticos de los ciclos económicos del modelo capitalista. Constituyó una importante respuesta al problema del desempleo y de producción en los diferentes sectores de la economía contribuyendo a mejorar la calidad de vida y la reducción de la pobreza.

Después de la Segunda Guerra Mundial hasta los primeros años de la década del sesenta pocos países caribeños avanzaron en la consolidación del sector bajo un entorno dominado por la guerra fría y los regímenes militaristas poco proclives a su incentivo. A partir de la década del sesenta con el retorno de las democracias representativas en la sub-región y la nueva política norteamericana hacia el Continente expresada en programas como la Alianza para el Progreso y el apoyo al movimiento cooperativista de la CUNA (Credit Union National Asociation), es cuando la Economía Social comienza a crecer en casi todos los países hasta la crisis de la década del 80 (la llamada década perdida) que desaceleró su evolución para luego iniciar una lenta recuperación a finales de la década de los 90 y los primeros años del Siglo XXI auspiciada por los movimientos populistas de la subregión.

3. La Dinámica de la Protección Social en el Caribe Hispanoparlante:

Definiremos la Protección Social como el sistema de garantías y derechos que tienen los habitantes de un país o región para lograr condiciones mínimas de bienestar social y calidad de vida. Implica seguridad social, seguridad jurídica, seguridad política, seguridad económica y seguridad cultural.

En el Caribe Hispanoparlante al igual que en el resto del mundo el abordaje de la Protección Social se ha centrado en la seguridad social en sus diferentes interpretaciones amplias y restringidas con un débil tratamiento sobre los demás componentes de la Protección Social, dejando de lado la atención de necesidades fundamentales de los sujetos individuales y colectivos para una existencia digna.

La seguridad social entendida de acuerdo a la OIT como: “…La protección que la sociedad proporciona a sus miembros mediante una serie de medidas públicas, contra las privaciones económicas y sociales que de otra manera derivarían de la desaparición o de una fuerte reducción de sus ingresos como consecuencia de enfermedad, maternidad, accidente del trabajo o enfermedad profesional, desempleo, invalidez, vejez y muerte; y también la protección de asistencia médica y de ayuda a las familias con sus hijos”[1], enfoca una concepción economicista, laborista formal y exclusionista que se ha expresado en la subregión en la institucionalidad de los seguros sociales y las políticas asistencialistas, que apenas ha podido atender no más del 30% de la PEA, dejando al resto de la población en condiciones de vulnerabilidad social.

La historia del seguro social en la subregión se ha caracterizado por ineficiencia administrativa, infraestructura deficiente, escasez de recursos humanos capacitados para atender la creciente demanda, escasos diagnósticos reales de las necesidades previsionales, débil desarrollo de sistemas actuariales, entre otros.

En algunos países del área se ha producido una desviación del objetivo primario de los seguros sociales para atender otros grupos de la población que no formaban parte de sus programas contribuyendo a deteriorar más su funcionamiento. En relación con el financiamiento, es necesario señalar el déficit permanente que presentan estas instituciones derivados en primer lugar de los problemas técnico-administrativos y en segundo lugar de la alta dependencia del sistema de cotizaciones que lo ha caracterizado históricamente excluyendo al sector no formal que representa la mayoría de la PEA. Sectores como la Economía Social tienen muy poco acceso a los servicios del seguro social a pesar de los esfuerzos que en algunos países se han venido realizando para ampliar la cobertura y mejorar la participación.

En relación al sistema pensional no hay uniformidad en los criterios para su implementación. En la mayoría de nuestros países coexisten sistemas pensionales públicos y privados, con el inconveniente que en el sector privado es donde se concentra la mayor parte de la PEA, incluyendo los modos de producción económica y organización social alternos como los de la economía social, no se benefician de sistemas previsionales por jubilación o vejez, dejando al Estado la carga pensional pero solo en el sector formal. Esta inequidad del sistema pensional ha generado la existencia de una gran población excluida una vez cumplido su ciclo de actividad económica al no cotizar al sistema formal y no disfrutar del sistema de jubilaciones.

En el caso de los regímenes prestacionales de vivienda, empleo, educación (capacitación) y recreación, que forman parte del sistema de seguridad social, en la mayoría de los casos solo están dirigidos al sector formal de la economía, dejando a los demás sectores, como la economía social con limitado acceso a estos regímenes, obligándolos a acudir al mercado privado en condiciones desfavorables donde los costos superan la capacidad económica de esta población.

Como resultado de esta desprotección la subregión se viene caracterizando por un incremento de la marginalidad social que se refugia en los cordones de miseria de las grandes ciudades para resolver los problemas de vivienda. Un incremento del analfabetismo funcional ante la ausencia de programas alternativos de capacitación para el trabajo que incrementa los niveles de desempleo y pobreza; y la ausencia casi absoluta de programas recreativos y uso del tiempo libre que estimulan el surgimiento de vicios sociales (delincuencia, drogadicción).

La seguridad jurídica entendida como el conjunto de leyes y normas que garantizan los derechos individuales y colectivos de la sociedad. Debemos señalar que si bien existen avances importantes en el marco constitucional y jurídico de algunos países para reconocer la institucionalidad y la importancia de la economía social como factor del desarrollo social aun sigue siendo muy débil. Si bien existe una larga historia legislativa del movimiento cooperativo caribeño que remonta a principios del siglo XX con las primeras leyes de cooperativas. No será sino hasta la década del 90 cuando se comienza a dar reconocimiento constitucional al movimiento de la economía social con la institucionalización del término de economía solidaria que se introduce en el marco constitucional colombiano y la mención expresa del cooperativismo en los textos constitucionales de México, República Dominicana y Venezuela.

La seguridad política asumida como el ejercicio pleno de las garantías ciudadanas en la estructura de oportunidades políticas (Torrow, 1994).

El concepto de estructura de oportunidades políticas permite explicar la dinámica de los movimientos sociales y como el sistema político puede incentivar o no la participación según el grado de apertura o cierre del sistema político.

El movimiento de la economía social en el Caribe Hispano se caracteriza por:

1. El escaso reconocimiento político que existe en las diferentes instancias del poder que conforma la estructura institucional del sistema político subregional. Todo lo contrario de lo que ocurre con el sector privado de la economía que participa activamente en la toma de decisiones políticas de los Estados a través de sus asociaciones gremiales en la elaboración de leyes, el diseño de políticas para el sector y hasta en la designación de ministros y gerentes políticos.

2. El poco espacio que ocupan en el sistema de partidos limitando los alineamientos electorales, la disponibilidad de alianzas para la defensa de los intereses del sector en el sistema político-partidista a diferencia de lo que ocurre con el sector privado empresarial y el sindical formal que tiene representación propia en las direcciones partidistas y en las instancias organizativas vinculadas con sus intereses (comisiones, delegados, etc.).

3. El escaso reconocimiento institucional y jurídico que limita su participación en la elaboración de leyes e instrumentos legales para la promoción y defensa del sector. Pocos son los ejemplos que existen en la subregión en los que sectores de la economía social, incluido el movimiento cooperativo, influyen y/o mantienen participación en comisiones legislativas, técnicas e institucionales salvo el caso puertorriqueño donde el movimiento de la economía social mantiene una subcomisión en la estructura legislativa.

Este vacio ha constituido una debilidad histórica en el movimiento de la economía social caribeña para su reconocimiento como movimiento social alternativo y su identidad interna y externa.

La interdependencia de la economía social con el sector público donde se expresa el reconocimiento político de su importancia como movimiento social no va mas allá de la utilización de sus ventajas para cubrir el déficit de servicios públicos o de producción de bienes de interés colectivo donde el sector público no puede asumir su producción por el déficit de su oferta o por el exceso de demanda, descargando sobre el sector de la economía social las responsabilidades del sector público pero sin asumir los compromisos sociales que se derivan de las alianzas con los movimientos de la economía social. La mayoría de sus trabajadores operan en el sector público con muy escasos beneficios sociales, políticos, jurídicos y culturales.

Bajo este contexto el movimiento de la economía social del Caribe Hispanoparlante tiene como grandes retos para impulsar su desarrollo y consolidación:

1. En materia de seguridad social promover la creación de nuevas instituciones que atiendan la especificidad de los trabajadores del sector.

2. En lo político promover un programa subregional de organización de la economía social para ampliar el rol del movimiento como actor político en las diferentes instancias de poder.

3. En lo Jurídico la creación del Estatuto Caribeño de Protección Social del Trabajador de la Economía Social.

4. En lo cultural el desarrollo de la Universidad Caribeña de la Economía Social y una estrategia subregional comunicacional que permita potenciar el movimiento en nuestros países.

5. En lo económico la creación de un fondo subregional de fomento y asistencia técnica de la economía social.

Referencias Biliográficas:

Andrés Sebin (1998), “The Integration Processes in the Greather Caribbean, en Pensamiento Propio”, número 6, enero-abril, año 3, pp.193-206.

John Guillin (1950), “Is There a Modern Caribbean Culture?” en A Curtis Wilpus (comp.) The Caribbean at mid-century, University of Florida Press, Gainesville, p.134.

Sidney Torrow (1994), Power In Movemont Social Movemonts Colletive Action and Politice”, Cambridge University Press, Cambridge.

S, F Alons, (1985) “La cooperativa como protagonista de la Economía Social”, Revista de Economía Publica, Social y Cooperativa .N 39, CIRIEC, España.

Jeante, T y R, Verdier, (1982) “L´· Economie Sociele, Cooperative d· Information” et d· Edition Mutualiste (CEIM) Paris

C, Mesa Lago (2000): “Políticas Sociales. Desarrollo Social, Reforma del Estado y de la Seguridad Social al umbral del Siglo XXI”, División de Desarrollo Social. Naciones Unidas. Cepal, Clac, Santiago de Chile.

OTI (Organización Internacional Del Trabajo) (2002). “Seguridad Social: Temas, Retos y Perspectivas. Seguridad Social un Nuevo Consenso”. Ginebra

[1] Organización Internacional del Trabajo: Introducción a la Seguridad Social. Mimeo. Ginebra. 1984