REINSTITUCIONALIZAMOS O ERRAMOS
En tiempos de crisis como la que vive Venezuela, aunado a todo los efectos de la pandemia que padece el mundo por el coronavirus COVID-19 y del que este país no escapa, al ciudadano venezolano le han confluido una serie de situaciones preocupantes que sin duda colocan su estabilidad emocional[1] en serias dificultades para afrontar los retos que esas realidades imponen, y obligan a dar orientaciones pertinentes a los tiempos tan convulsos;
en ese sentido, desde la academia y la actividad docente se trata de avanzar en investigaciones, búsqueda de ideas y disertaciones que permitan interpretar esos hechos y esas realidades a la luz de teorías explicativas que propicien aproximaciones teóricas a una comprensión del momento inédito que se vive, es por ello que una noción que puede contribuir a esas comprensiones es la referida al tema de la institucionalidad[2], y en esa temática detenernos y hacernos cuestionamientos interesantes sobre su existencia en el Estado y en la Sociedad Venezolana, las condiciones en las que ella se concreta en las realidades políticas y sociales del país, sus capacidades, sus limitaciones, su prospectiva en la significancia social y política de sus ciudadanos y en la sociedad que la hacen factible.
La realidad política y social de Venezuela en este momento pareciera apuntar a un conjunto de relaciones inestructuradas que partiendo de la definición tomada, giran en torno a un conjunto no preciso de ideas, valores y principios carente del consenso social necesario, en los cuales los acuerdos susceptibles de ser alcanzados no llegan a consolidarse por cuanto que el referente aplicado en el discernimiento de las racionalidades de los actores involucrados no se traducen de forma similar, lo cual complica los procesos de búsqueda y de solución a los grandes problemas nacionales. Lo anterior permea a todos los elementos presentes en la sociedad política y social de la nación, y por tanto privan en el día a día de los venezolanos y en sus tratos cotidianos.
Esa realidad hoy no es fortuita, ha sido producto de una serie de acciones y omisiones que desde el Estado y desde las estructuras de poder[3] se han concertado a los fines de consolidar un proceso de desinstitucionalización que hoy conspira con la más elemental referencia de vida ciudadana y de civilidad[4], esto alcanzado por los efectos de las acciones políticas encaminadas a estructurar gobierno solo para las parcialidades electorales que figuran todavía en los rezagos del clientelismo político, dejando a un lado las funciones propias de los gobiernos que deben estar inspirados en el abono al bienestar colectivo y al interés común.