REINSTITUCIONALIZAMOS O ERRAMOS

En tiempos de crisis como la que vive Venezuela, aunado a todo los efectos de la pandemia que padece el mundo por el coronavirus COVID-19 y del que este país no escapa, al ciudadano venezolano le han confluido una serie de situaciones preocupantes que sin duda colocan su estabilidad emocional[1] en serias dificultades para afrontar los retos que esas realidades imponen, y obligan a dar orientaciones pertinentes a los tiempos tan convulsos;

en ese sentido, desde la academia y la actividad docente se trata de avanzar en investigaciones, búsqueda de ideas y disertaciones que permitan interpretar esos hechos y esas realidades a la luz de teorías explicativas que propicien aproximaciones teóricas a una comprensión del momento inédito que se vive, es por ello que una noción que puede contribuir a esas comprensiones es la referida al tema de la institucionalidad[2], y en esa temática detenernos y hacernos cuestionamientos interesantes sobre su existencia en el Estado y en la Sociedad Venezolana, las condiciones en las que ella se concreta en las realidades políticas y sociales del país, sus capacidades, sus limitaciones, su prospectiva en la significancia social y política de sus ciudadanos y en la sociedad que la hacen factible.


La realidad política y social de Venezuela en este momento pareciera apuntar a un conjunto de relaciones inestructuradas que partiendo de la definición tomada, giran en torno a un conjunto no preciso de ideas, valores y principios carente del consenso social necesario, en los cuales los acuerdos susceptibles de ser alcanzados no llegan a consolidarse por cuanto que el referente aplicado en el discernimiento de las racionalidades de los actores involucrados no se traducen de forma similar, lo cual complica los procesos de búsqueda y de solución a los grandes problemas nacionales. Lo anterior permea a todos los elementos presentes en la sociedad política y social de la nación, y por tanto privan en el día a día de los venezolanos y en sus tratos cotidianos.


Esa realidad hoy no es fortuita, ha sido producto de una serie de acciones y omisiones que desde el Estado y desde las estructuras de poder[3] se han concertado a los fines de consolidar un proceso de desinstitucionalización que hoy conspira con la más elemental referencia de vida ciudadana y de civilidad[4], esto alcanzado por los efectos de las acciones políticas encaminadas a estructurar gobierno solo para las parcialidades electorales que figuran todavía en los rezagos del clientelismo político, dejando a un lado las funciones propias de los gobiernos que deben estar inspirados en el abono al bienestar colectivo y al interés común.

En tal sentido parece compleja la tarea de construir referentes universales inspirados en un bienestar colectivo, cuando las parcialidades políticas e iniciativas individuales no comprenden la existencia de una razón de Estado[5] para su conservación.


De modo que las condiciones de institucionalidad en Venezuela en este momento no son las más propicias para afrontar en colectivo una acción de solución a la crisis que en toda la República está desatada, no hay directriz, no hay lineamiento, no hay equipo que desde lo que se conoce formalmente como gobierno en su sentido más amplio, que pueda emprenderse una acción de este tipo, esto habla así para las estructuras de gobierno municipal, regional o nacional, e inclusive hablando de otros poderes del Estado como lo es el legislativo que en este momento descansa en las responsabilidades de la llamada oposición.

De allí que sus capacidades y limitaciones desde lo poco que queda de institucionalidad generen un balance que apunta a un déficit en las posibilidades de concretar salidas viables y efectivas para propiciar espacios de encuentros, de acuerdos y de salidas a la crisis que presenta el país en este momento.


En prospectiva qué hacer y qué esperar con relación al tema de la institucionalidad en Venezuela, sin duda un tema que amerita trabajar con urgencia, el bien común o el interés colectivo, no lo ve ni lo defiende ninguna particularidad, ello amerita y con urgencia que se construyan redes societales y estatales en la que se priorice la fuerza de unidad que significan para

un Estado y para una Sociedad Moderna[6] concertar espacios que agreguen valor, que sumen ideas y principios en acciones éticas que destaquen la visión de Estado suficiente para entender y comprender que las soluciones más necesarias a los problemas que presentamos deben revisarse a la luz de los intereses colectivos que la padecen, que la sufren y es allí donde centrar los esfuerzos creadores de la reserva moral de la nación para concurrir a consensos factibles y reales que constituyan una opción histórica de acuerdo y de acción para afrontar la crisis con decisión y llevar al país a un estadio de transito al desarrollo y al progreso de su población, dejando mezquindades e intereses particulares para avanzar en una reconstrucción nacional.


En toda esta prospectiva a cada ciudadano corresponde, no olvidar las formas éticas, legales, procedimentales, formales de hacer las cosas, que no por desusos y por priorizar una gama infinita de valores, principios e ideas que han venido desdibujando esas formas, por tanto se impone que en ese “no olvido” retomemos con discernimiento las labores que desde nuestros espacios de acción podemos realizar desde ya para generar en la sociedad, la reflexión,

la demanda, la exigencia de “hacer institución” y que desde la clase política se comprenda que no hay acción posible de “gobierno” ni de “oposición” si no “re-institucionalizamos” las formas de estructurar las relaciones políticas, sociales, económicas de los ciudadanos.

Es hacia allá donde hay que caminar sobre todo si optamos como lo hemos venido haciendo en los últimos 60 años: transitando los senderos y caminos democráticos, de lo contrario, lo individual, lo arbitrario, lo sorpresivo, por la vía impuesta nos exigiría un costo más alto para la ciudadanía venezolana, que con seguridad ya no tiene para pagar adicionalmente, mas costos de los que ya ha pagado con este proceso progresivo de desinstitucionalización que ha atentado contra sus dignidades fundamentales que tienen que ver con una precariedad de instituciones, de servicios y de desatenciones en materia económica, social y laboral que la colocan en situación de alta vulnerabilidad.

Notas:


[1] “Esta tragedia que vivimos hoy los venezolanos nos viene golpeando desde hace muchos años. Los ciudadanos adaptaron sus rutinas a la escasez de los servicios y las necesidades más básicas. Esto significa que muchos ya tienen mermados sus recursos mentales y emocionales”, dice la psicóloga clínico María Adela Alvarado, miembro de la Sociedad Psicoanalítica de Caracas (SPC). “Esta situación nos enfrenta a miedos y angustias primarias, relacionadas con la subsistencia del día a día de nosotros y de aquellos que dependen de nosotros”.


[2] Entendida la Institucionalidad como la que sugiere Alejandro del Palacio Díaz, referida al “…conjunto de relaciones sociales estructuradas en torno a un núcleo de ideas, valores o principios que objetivan su contenido material y finalidad en el trato diario y dan origen a una organización jerárquica que las dirige, controla y administra”. Ello lo refiere en su artículo “Institucionalidad y Administración”.



[3] “En el mundo moderno, el Estado, asiento del poder político, es la institución de instituciones que las alberga a todas. Son ellas las que lo conforman y proporcionan el fundamento material del Estado y la base primordial de su regulación de la vida social y éste las coordina y estructura desde las instancias de gobierno dando cima a las jerarquías que la dirigen o administran”. Así lo plantea el trabajo de Alejandro Del Palacio Díaz.


[4] “Las jerarquías institucionales, guardianas de lo instituido, contrarias a cualquier conducta personal instituyente, vigilan que las normas regulativas se cumplan (…), según sus relaciones de funcionamiento; descansan en la normalización –de hecho- y normativización –de derecho- del contenido material que les es privativo”, siguiendo al autor anteriormente mencionado.


[5] En el sentido clásico de la noción referida por Leonardo Curzio quién habla de razón de Estado como “…un concepto que articula en sentido general un conjunto de objetivos superiores y edificantes que legitiman el obrar del político”.


[6] Sobre este tema de modernidad y Sociedad moderna, se puede revisar un artículo de la “Sociedad moderna y los procesos de modernización” de Mario Miranda Pacheco.


REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

DEL PALACIO DIAZ, A. (S/F). “Institucionalidad y Administración”. Casa del Tiempo. Número 90-91_40_47. Recuperado de: http://www.uam.mx/difusion/casadeltiempo/90_jul_ago_2006/casa_del_tiempo_num90-91_40_47.pdf


RODRIGUEZ-ARIAS BUSTAMANTE L. “Teoría de la Institución”. Recuperado de: https://dadun.unav.edu/bitstream/10171/12483/1/PD_12_06.pdf


ROJAS, I. (2019, 13 de marzo). “Salud mental en tiempos de crisis: ¿qué recomiendan los psicólogos?”. Recuperado de: https://prodavinci.com/salud-mental-en-tiempos-de-crisis-que-recomiendan-los-psicologos/


CURZIO, L. (2004, mayo-agosto). “La forja de un concepto: La Razón de Estado”. Recuperado de: http://revistas.unam.mx/index.php/rep/article/download/37617/34181


*Licenciado en Estudios Políticos y Administrativos, mención: Politología, Especialista en Gerencia de Programas Sociales, Docente Universitario, Doctorando en Seguridad Social, Planificador Especialista, con amplias capacidades para facilitar talleres, difundir conocimientos y organizar grupos de trabajo en asesorías referidas a las áreas, Estado, Análisis de Políticas Públicas, Política Social, Gerencia Social, Planificación Estratégica y Operativa.

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